El constructivismo antiformalista se plantea como una obra que vincula de forma dinámica y aplicada elementos pedagógicos con características de la formación jurídica tendientes a proponer una innovación en torno a la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Se reconoce que los procesos de formación deben asegurar la participación activa de todos los intervinientes, para generar validación social del conocimiento y darle sentido de utilidad a los constructos cognitivos. Para aplicar estos imperativos se retoma la iusteoría antiformalista que entiende que el derecho tiene una naturaleza abierta, que puede ser complementado por múltiples fuentes a través de interpretaciones auténticas. Para materializar estos procesos se aborda el estudio del aprendizaje basado en problemas (ABP), las clínicas jurídicas, la Corte Constitucional como autoridad esencialmente constructivista-antiformalista y el rol de los docentes para asegurar que la educación jurídica se constituya en una herramienta de transformación social.